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Politica de cookies - RRG - Asesores Técnicos Financieros

POLÍTICA DE COOKIES

INDICE

 

 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

  • Ámbito de aplicación de la Ley
  • Ausencia de autorización previa
  • Ley aplicable y jurisdicción competente
  • Preguntas frecuentes para : Ámbito de Aplicación de la Ley

2. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PRESTADORES

  • Información General
  • Deber de colaboración y responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación
  • Información sobre seguridad
  • Preguntas frecuentes para : Obligaciones y Responsabilidades de los Prestadores

3. CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y PUBLICIDAD

  • Contratación electrónica
  • Publicidad (Internet, correo electrónico y otros análogos)
  • Preguntas frecuentes para : Contratación Electrónica y Publicidad

4. CÓDIGOS DE CONDUCTA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

  • Códigos de conducta
  • Medios de resolución de conflictos
  • Procedimientos de resolución judicial de conflictos

5. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

  • Infracciones y sanciones
  • Inspección y procedimiento sancionador

6. AVISOS LEGALES EN SU PÁGINA WEB

  • Condiciones de acceso y utilización de la WEB
  • Aceptación de las Condiciones Generales
  • Información legal a la recogida de datos
  • Procedimiento de Registro de Usuario (solo en el caso de necesidad)
  • Obligación de hacer uso correcto de la página web y de los contenidos
  • Propiedad intelectual
  • Duración del servicio
  • Exclusión de responsabilidad
  • Legislación y fuero
  • Análisis de su página web

7. CLÁUSULAS Y CONTRATOS
8. 
GLOSARIO DE TÉRMINOS
9. LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO

(Haga click en cada sección para ver el contenido)

1. ÀMBITO DE APLICACIÓN
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Ámbito de aplicación de la Ley

La Ley se aplica a todas las actividades que se realicen por medios electrónicos y tengan carácter comercial o persigan un fin económico.

La Ley se aplica tanto a las páginas web en las que se realicen actividades de comercio electrónico como a aquéllas que suministren información u ofrezcan servicios de forma gratuita para los usuarios, cuando constituyan una actividad económica para su titular.

Existe actividad económica cuando su responsable recibe ingresos directos, por las actividades de comercio electrónico que lleve a cabo, o indirectos, ya sea por publicidad o patrocinio derivados de la actividad que realice por medios electrónicos.

En principio, la LSSI no se aplica a las actividades realizadas sin ánimo de lucro, como las de los partidos políticos, sindicatos, asociaciones, ONGs, etc, en cuanto no constituyan una actividad económica o comercial.

Ausencia de autorización previa

Las empresas no necesitan pedir una autorización previa ni inscribirse en ningún Registro para prestar servicios por vía telemática. Eso no significa que no deban pedir otras autorizaciones o licencias, inscribirse en algún Registro o cumplir otros requisitos (colegiación, entre otros) que sean exigibles en función de la actividad que realicen, con independencia de que los servicios se presten por vía electrónica o por medios convencionales.

Ley aplicable y jurisdicción competente

En principio, tal y como establece la exposición de motivos de la Ley, el lugar de establecimiento del prestador determina la ley y las autoridades competentes para el control de su cumplimiento, de acuerdo con el principio de la aplicación de la ley del país de origen que inspira la Directiva 2000/31/CE.

La Ley no modifica las normas de Derecho internacional privado con arreglo a las que se determina, en los contratos que presentan conexiones con distintos países, la Ley aplicable en caso de conflicto y la jurisdicción nacional competente para conocer de los litigios que se entablen.

No obstante, el principio de libre prestación de servicios en el territorio de la Unión Europea incorporado a la Ley, obliga a restringir la aplicación de las normas sustantivas que sean más exigentes que las vigentes en el país en que esté establecido el prestador de servicios, siempre que en la relación no intervenga un consumidor. En este caso, prevalecerán las normas más garantistas que sean de aplicación en el país de residencia del consumidor.

La Ley ofrece, así mismo, una regla para determinar en qué lugar se entiende celebrado un contrato electrónico. Así, si el contrato se celebra con un consumidor, se entenderá celebrado en su lugar de residencia habitual y si se celebra entre empresarios o profesionales, en el lugar en que esté establecido el prestador de servicios. Esta regla es una simple presunción, que puede ser alterada en ambos casos por las partes, mediante un acuerdo por el que se fije, como lugar de celebración del contrato, un lugar distinto.

La presunción establecida sobre el lugar de celebración del contrato no afecta a las normas aplicables para la determinación de la legislación aplicable al contrato o de la jurisdicción competente para conocer de los posibles litigios derivados del mismo.

 

 

NORMATIVA APLICABLE

Ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) que incluye las modificaciones introducidas por la Corrección de error en BOE num. 187, de 6 de agosto de 2002, la Ley 32/2003. de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones; la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica; la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones; y la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.

  • Además es de aplicación a las empresas sujetas a esta Ley la siguiente normativa:
  • Código Civil y Código de Comercio.
  • Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
  • Ley 7/1995 de 23 de marzo de Créditos al Consumo.
  • Ley 7/1996 de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista.
  • Ley 7/1998 de 13 de abril de condiciones Generales de Contratación.
  • Ley 28/1998 de 13 de julio de Venta a Plazo de Bienes Inmuebles.
  • Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal.
  • RD 1906/1999 de 17 de diciembre de 1999 por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales de contratación.
  • Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, del comercio electrónico en el mercado interior.
  • Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y comunicaciones electrónicas).
  • Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
  • Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.
  • Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medias de Impulso de la Sociedad de la Información.

 

Preguntas frecuentes para: Ámbito de Aplicación de la Ley


 

¿Quiénes están sujetos a la Ley?
Las personas que realicen actividades económicas por Internet u otros medios telemáticos (correo electrónico, televisión digital interactiva…), siempre que:

  • La dirección y gestión de sus negocios esté centralizada en España o
  • posea una sucursal, oficina o cualquier otro tipo establecimiento permanente situado en territorio español, desde el que se dirija la prestación de servicios de la sociedad de la información.

Se presumirán establecidos en España y, por tanto, sujetos a la Ley a los prestadores de servicios que se encuentren inscritos en el Registro Mercantil o en otro Registro público español en el que fuera necesaria la inscripción para la adquisición de personalidad jurídica.
La utilización de un servidor situado en otro país no será motivo suficiente para descartar la sujeción a la Ley del prestador de servicios. Si las decisiones empresariales sobre el contenido o servicios ofrecidos a través de ese servidor se toman en territorio español, el prestador se reputará establecido en España.

 

¿Los servicios que se prestan de forma gratuita están dentro del ámbito de aplicación de la Ley?

El criterio para determinar si un servicio o página web está incluido dentro del ámbito de aplicación de la Ley es si constituye o no una actividad económica para su prestador. Todos los servicios que se ofrecen a cambio de un precio o contraprestación están, por tanto, sujetos a la nueva Ley.

Sin embargo, el carácter gratuito de un servicio no determina por sí mismo que no esté sujeto a la Ley. Existen multitud de servicios gratuitos ofrecidos a través de Internet que representan una actividad económica para su prestador (publicidad, ingresos de patrocinadores, etc.) y, por lo tanto, estarían incluidos dentro de su ámbito de aplicación. Ejemplos de estos servicios serían los habituales buscadores, o servicios de enlaces y directorios de páginas web, así como páginas financiadas con publicidad o el envío de comunicaciones comerciales.

 

¿Se aplica la legislación española si un consumidor residente en España compra un producto o contrata un servicio a una tienda on-line extranjera?

La normativa española se aplicará a los contratos que los consumidores celebren con prestadores establecidos en España. El lugar de establecimiento en España de un prestador de servicios debe estar indicado en su página web y puede comprobarse mediante consulta al Registro Mercantil u otro en que el

prestador esté inscrito.

También se aplicará la Ley española a las compras que efectúen a prestadores de servicios establecidos en otro Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo (países de la Unión Europea más Noruega, Islandia y Liechtenstein), siempre que la normativa española sea más beneficiosa para el consumidor que la legislación del país en que resida el prestador de servicios.

Si la compra o la contratación del servicio se realiza a un prestador de servicios establecido en un país que no pertenezca al Espacio Económico Europeo, la legislación española sólo será aplicable si los consumidores españoles compran en tiendas virtuales que dirijan su actividad al mercado español o se hayan puesto en contacto con el consumidor a través de correo electrónico.

 

Mi empresa tiene una página web con información sobre su actividad, productos y servicios que vende, pero éstos no pueden contratarse a través de la página web, ¿me afectan las obligaciones para los prestadores de servicios?

Sí. La Ley se aplica a toda actividad con trascendencia económica que se realice por medios electrónicos. En este caso, la empresa sólo está obligada a facilitar, a través de su página web, los datos de información general establecidos en el artículo 10, que se refieren principalmente a denominación, domicilio y actividad, y a asegurarse de que la publicidad de otras empresas que, en su caso, figure en la página web pueda distinguirse claramente del contenido propio de la página y esté identificado el anunciante.

 

¿Cuándo se entiende que una página web representa una “actividad económica” para su titular?

Cuando éste percibe ingresos directos (por las actividades de comercio electrónico que lleve a cabo a través de la página, etc.) o indirectos (por publicidad, patrocinio, etc.) derivados de su página web, con independencia de que éstos permitan sufragar el coste de mantenimiento de la página, igualen esa cantidad o la superen.

 

Dispongo de una página web personal. ¿Me afecta la nueva Ley?

La Ley no se aplicará a una página web personal cuando su titular no realice ningún tipo de actividad económica a través de la misma.

Si la página web tiene alojada publicidad en forma de “banners”, “pop-ups”, etc., su titular estará sujeto a la Ley si percibe alguna remuneración por los mismos. Si éstos no generan ningún ingreso a su titular, por ejemplo, por haber sido impuestos a cambio de la prestación de un servicio gratuito de alojamiento, éste no estará obligado a cumplir las obligaciones previstas en la Ley. Todo ello sin perjuicio de que a esa página le afecten otras normas jurídicas que sean de aplicación por ser públicamente accesible, como el Código Penal o la legislación sobre propiedad intelectual.

 

Dispongo de una página web personal, pero para financiar gastos tengo alojados “banners” u otros medios de publicidad. ¿En qué me afecta la nueva Ley?

La Ley es de aplicación a las páginas web que ofrezcan mensajes publicitarios por los que el titular de la página perciba algún ingreso. Sin embargo, los únicos requisitos que establece la Ley en cuanto al contenido de las páginas de Internet consisten en incluir una información básica en la página web del prestador. Para una página web personal, la información que debe facilitarse es la siguiente:

  • Su nombre
  • Domicilio (indicando, al menos, la localidad y provincia de residencia)
  • Dirección de correo electrónico.
  • NIF
  • Cualquier dato que permita establecer una comunicación directa y efectiva, como podría ser, por ejemplo, un teléfono o un número de fax.

Los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido y la manera de consultarlos electrónicamente.

La publicidad que se muestre en la página web deberá ajustarse a lo establecido en la Ley, la cual obliga a identificar al anunciante y a presentarla de manera claramente distinguible de los contenidos no publicitarios de la página. Así mismo, deberán respetarse las restantes normas sobre publicidad, recogidas en otras leyes.

2. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PRESTADORES
2. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PRESTADORES

2. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PRESTADORES

Información General

Los prestadores de servicios deben indicar en su página web:

  • Su nombre o denominación social y datos de contacto: Domicilio, dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que permita una comunicación directa y efectiva, como por ejemplo un teléfono o un número de fax.
  • Si la empresa está registrada en el Registro Mercantil o cualquier otro registro público, deberá señalar también el número de inscripción que le corresponda.
  • Su NIF.
  • Información sobre el precio de los productos, indicando si incluye o no los impuestos aplicables, gastos de envío y cualquier otro dato que deba incluirse en cumplimiento de normas autonómicas aplicables.

En el caso en que la actividad que se ejerza precise de una autorización administrativa previa, los datos relativos a la misma y los identificativos del órgano encargado de su supervisión.

Si se ejerce una profesión regulada, los datos del Colegio profesional y el número de colegiado, el título académico y el Estado de la Unión Europea en que se expidió y la correspondiente homologación, en su caso.

Los códigos de conducta a los que esté adherido, en su caso, y la forma de consultarlos electrónicamente.

 

Deber de colaboración y responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación

Los prestadores de servicios de intermediación no tienen obligación de supervisar los contenidos que alojan, transmiten o clasifican en un directorio de enlaces, pero deben colaborar con las autoridades públicas cuando se les requiera para interrumpir la prestación de un servicio de la sociedad de la información o  para retirar un contenido de la Red.

Los prestadores de servicios de intermediación, no son, en principio, responsables por los contenidos ajenos que transmiten, alojan o a los que facilitan acceso.

Pueden incurrir en responsabilidad si toman una participación activa en su elaboración o si, conociendo la ilegalidad de un determinado material, no actúan con rapidez para retirarlo o impedir el acceso al mismo.

 

Información sobre seguridad

A partir del 29 de marzo de 2008, los proveedores de acceso a Internet están obligados a informar a sus usuarios sobre los medios técnicos que permitan la protección frente a las amenazas de seguridad en Internet (virus informáticos, programas espías, spam) y sobre las herramientas para el filtrado de contenidos no deseados.

Asimismo, se obliga a dichos prestadores, así como a los prestadores de servicios de correo electrónico, a informar a sus clientes sobre las medidas de seguridad que apliquen en la provisión de sus servicios.

Los proveedores de acceso a Internet deberán también informar a sus clientes sobre las posibles responsabilidades en que puedan incurrir por el uso de Internet con fines ilícitos.

Las anteriores obligaciones de información se darán por cumplidas si el prestador incluye dicha información en su página o sitio principal de Internet.

 

Preguntas frecuentes para : Obligaciones y Responsabilidades de los Prestadores


 

¿De qué forma ha de mostrase la información básica sobre el prestador del servicio señalada en el artículo 10 de la Ley?

El artículo 10 de la Ley indica que la información sobre el prestador de servicios y su actividad ha de ponerse a disposición de los usuarios por medios electrónicos, de forma permanente, fácil, directa y gratuita. Cuando los servicios se prestan a través de una página en Internet, bastará con incluir en ella esa información de manera que ésta sea accesible en la forma indicada.

Estas condiciones se cumplen cuando la información está contenida en la página de inicio del prestador de servicios o se inserta en páginas interiores relacionadas con el tipo de información de que se trate y a las que se pueda acceder a través de un enlace claramente visible, cuyo título aluda de forma inequívoca a la información de que se trate. Por ejemplo: para acceder a la información de identificación de la empresa, serviría una pestaña con el título “quiénes somos” o cualquier otro suficientemente expresivo del tipo de información a que se refiere.

 

¿Los servicios que se prestan de forma gratuita están dentro del ámbito de aplicación de la Ley?

El criterio para determinar si un servicio o página web está incluido dentro del ámbito de aplicación de la Ley es si constituye o no una actividad económica para su prestador. Todos los servicios que se ofrecen a cambio de un precio o contraprestación están, por tanto, sujetos a la nueva Ley.

Sin embargo, el carácter gratuito de un servicio no determina por sí mismo que no esté sujeto a la Ley. Existen multitud de servicios gratuitos ofrecidos a través de Internet que representan una actividad económica para su prestador (publicidad, ingresos de patrocinadores, etc.) y, por lo tanto, estarían incluidos dentro de su ámbito de aplicación. Ejemplos de estos servicios serían los habituales buscadores, o servicios de enlaces y directorios de páginas web, así como páginas financiadas con publicidad o el envío de comunicaciones comerciales.

 

¿A qué se refiere la Ley cuando alude a medios de comunicación electrónica equivalentes al correo electrónico?

Se refiere a aquéllos que permitan una comunicación individual entre el prestador y el destinatario de servicios, como, por ejemplo, los mensajes cortos (SMS) y los mensajes multimedia (MMS) dirigidos a terminales de telefonía móvil.

 

¿De qué forma ha de mostrarse la información previa a la contratación señalada en el artículo 27 de la Ley?

El artículo 27 de la Ley indica que la información previa a la contratación ha de ser clara, comprensible e inequívoca y debe ponerse a disposición del usuario de forma permanente, fácil y gratuita, antes de iniciar el procedimiento de contratación, mediante técnicas adecuadas al medio de comunicación

utilizado.

La obligación de poner a disposición la información se dará por cumplida si el prestador la incluye en su página o sitio web.

Cuando a los servicios se acceda mediante dispositivos que cuenten con pantallas de formato reducido (ej. móviles) se dará por cumplida la obligación si se facilita la dirección de Internet donde se encuentre dicha información.

 

En el servidor que dirijo, se ha registrado un canal de contenido sospechoso. ¿Qué debo hacer? ¿Se me considerará responsable si la información disponible en el canal resultara ser ilícita o delictiva?

El prestador de servicios de alojamiento no está obligado a realizar una investigación sobre la legalidad de los contenidos que aloja. Pero, si sospecha que un determinado contenido (o canal) puede ser constitutivo de delito, debe poner en conocimiento del Juez de Instrucción más cercano el presunto hecho delictivo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si un órgano judicial o administrativo competente le ordena retirar el contenido o impedir el acceso al mismo, debe hacerlo inmediatamente.

El administrador del servidor no será responsable del contenido ilícito alojado en él si no tiene conocimiento efectivo de la ilicitud de las actividades que se llevan a cabo a través de ese canal. El “conocimiento efectivo” de su ilicitud puede obtenerse por cualquiera de estos tres medios destacados en la Ley:

  • Conocimiento de una resolución dictada por órgano competente que declare la ilicitud del contenido y ordene su retirada o que se imposibilite el acceso al mismo.
  • Recepción de una notificación enviada de conformidad con un procedimiento de detección y retirada de contenidos que el prestador de servicios haya suscrito.

Otros que pudieran establecerse por norma jurídica o acuerdo entre las partes.

3. CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y PUBLICIDAD
3. CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y PUBLICIDAD

3. CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

Y PUBLICIDAD

Contratación electrónica

La Ley asegura la validez y eficacia de los contratos que se celebren por vía electrónica, aunque no consten en soporte papel. Se equipara la forma electrónica a la forma escrita y se refuerza la eficacia de los documentos electrónicos como prueba ante los Tribunales,  resultando también éstos admisibles en juicio como prueba documental.

Pueden celebrarse por vía electrónica todo tipo de contratos, salvo los relativos al Derecho de familia y sucesiones, por ejemplo adopciones, matrimonio o testamento. Si los contratos deben ir seguidos del cumplimiento de ciertos requisitos formales, como su elevación a escritura pública o su inscripción en algún Registro, dichos requisitos seguirán siendo exigibles para que el contrato sea plenamente válido o eficaz.

El prestador de servicios de la sociedad de la información que lleve a cabo un proceso de contratación electrónica tendrá, en síntesis, las siguientes obligaciones:

1) Antes de iniciar el procedimiento de contratación.

Deberá poner a disposición del usuario, mediante técnicas adecuadas al medio de comunicación utilizado, de forma permanente, fácil y gratuita, información clara, comprensible e inequívoca sobre:

  • Los trámites o pasos que debe seguir para celebrar el contrato.
  • Si va a archivar el documento electrónico del contrato y si va ser accesible.
  • Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir los errores en la introducción de los datos, antes de confirmarlos.
  • La lengua o lenguas en las que  puede formalizarse el contrato.
  • Las condiciones generales de contratación que, en su caso, rijan el contrato.
  • La obligación de poner a disposición la información anterior se dará por cumplida si el prestador la incluye en su página o sitio web.
  • Cuando a los servicios se acceda mediante dispositivos que cuenten con pantallas de formato reducido (ej. móviles) se dará por cumplida la obligación si se facilita la dirección de Internet donde se encuentre dicha información.

2) Celebrado el contrato, el prestador debe:

Confirmar la recepción de la aceptación, ya sea por medio de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de comunicación equivalente, ya sea a través de un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de contratación.

Las anteriores obligaciones quedan exceptuadas en dos supuestos:

  • Cuando hubiera un acuerdo entre las partes en tal sentido y ninguna de ellas tuviera la condición de consumidor, y
  • Cuando el contrato se haya celebrado exclusivamente mediante el intercambio de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente.

Publicidad (Internet, correo electrónico y otros análogos)

La publicidad debe presentarse como tal, de manera que no pueda confundirse con otra clase de contenido, e identificarse de forma clara al anunciante. Cuando la publicidad se envía por correo electrónico, incluirán al comienzo del mensaje la palabra “publicidad” o la abreviatura “publi”.

Cuando se trate de ofertas promocionales, es decir, aquellas que incluyan regalos o premios o descuentos, y concursos o juegos promocionales, deben cumplir, además de lo anterior y de lo establecido en la normativa de ordenación del comercio minorista, con las siguientes obligaciones:

  • Las ofertas, concursos o juegos deben aparecer claramente identificados como tales.
  • Las condiciones de acceso y participación deben ser fácilmente accesibles y expresadas de forma clara e inequívoca.

Todo ello sin perjuicio de lo que disponga la normativa de las Comunidades Autónomas con competencias exclusivas sobre consumo, comercio electrónico o publicidad.

El mensaje publicitario deberá haber sido previamente solicitado o autorizado expresamente por el destinatario. No obstante, se permite el envío de comunicaciones comerciales a aquellos usuarios con los que exista una relación contractual previa, en cuyo caso el proveedor podrá enviar publicidad sobre productos o servicios similares a los contratados por el cliente.

En todo caso, el prestador deberá ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales, tanto en el momento de recogida de los datos como en cada una de las comunicaciones comerciales que se le dirijan.  El prestador de servicios deberá establecer procedimientos sencillos y gratuitos a tal efecto.

Estas reglas son también aplicables al envío de mensajes publicitarios por otros medios de comunicación electrónica individual equivalente, como el servicio de mensajería de la telefonía móvil.

 

Preguntas frecuentes para : Contratación Electrónica y Publicidad


 

¿Qué implica la presunción sobre el lugar de celebración del contrato electrónico establecida en el artículo 29 de la Ley?

La presunción establecida en el artículo 29 es simplemente una regla interpretativa para facilitar la concreción del lugar de celebración del contrato, cuando éste se formaliza por medios electrónicos. Al tratarse de una presunción, las partes pueden fijar, como lugar de celebración del contrato, un lugar distinto del señalado en la Ley.

La presunción establecida sobre el lugar de celebración del contrato no es un criterio de jurisdicción que sirva para determinar ante qué Tribunales pueden demandar las empresas a los consumidores o viceversa. Las normas para determinar la jurisdicción competente para conocer de los litigios en materia contractual están contenidas en los Tratados internacionales y en las normas de la Unión Europea sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

 

Si tengo algún problema con la compra realizada por Internet o correo electrónico con un prestador de otro país, ¿puedo acudir a los tribunales españoles?

Para determinar la jurisdicción competente para la resolución de conflictos en materia contractual cuando un consumidor intervenga como parte en el contrato, es preciso acudir a las normas de Derecho Internacional privado, las cuales tienen en cuenta distintos puntos de conexión para fijar la extensión de la jurisdicción de los jueces y tribunales.

Con carácter general, un consumidor residente en España que haya celebrado un contrato on-line con un prestador establecido fuera de España sólo podrá ser demandado ante los tribunales españoles y podrá, a su vez, demandar al prestador ante los tribunales españoles cuando el contrato se haya celebrado gracias a una oferta que el prestador le hubiera dirigido personalmente (correo electrónico) o que hubiera dirigido al mercado español o a varios mercados, incluido el español.

En los demás casos, si un consumidor residente en España quisiera demandar a una empresa establecida fuera de nuestro país por el incumplimiento de un contrato celebrado por vía electrónica, sería necesario alegar otras

circunstancias, por ejemplo, que la obligación que da lugar a la demanda debía cumplirse en España, para fundar la competencia de los tribunales españoles.

Como se ve, en la contratación transfronteriza, no siempre puede asegurarse que los jueces y tribunales españoles sean competentes para conocer de la demanda. Por eso, la Ley potencia los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos, y, en especial, aquéllos que se basen en la utilización de medios electrónicos y sean reconocidos en otros Estados.

 

¿En qué condiciones está permitido el envío de comunicaciones comerciales por medios electrónicos?

La Ley permite la realización de comunicaciones comerciales mediante el uso de Internet u otros medios electrónicos, siempre que puedan identificarse como tales y a la persona o empresa en nombre del cual se realizan o anunciante.

Se permite el envío de mensajes publicitarios o comerciales por correo electrónico a aquellos usuarios que previamente lo hubieran solicitado o autorizado de forma expresa. No obstante, se permite el envío de comunicaciones comerciales a aquellos usuarios con los que exista una relación contractual previa, en cuyo caso el proveedor podrá enviar publicidad sobre productos o servicios similares a los contratados por el cliente.

En todo caso, el prestador deberá ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales, tanto en el momento de recogida de los datos como en cada una de las comunicaciones comerciales que le dirija.

La Ley obliga, además, a los prestadores de servicios a habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los destinatarios puedan revocar el consentimiento que hubieran prestado, así como a facilitar información accesible por vía telemática sobre dichos procedimientos.

Estas reglas son también aplicables al envío de mensajes publicitarios por otros medios de comunicación electrónica individual equivalente, como el servicio de mensajería de la telefonía móvil.

 

¿Qué se entiende por “consentimiento o autorización expresa”?

La prestación de consentimiento expreso exige la manifestación de una voluntad libre, informada, específica e inequívoca, que no deje lugar a duda, de aceptación del envío de comunicaciones comerciales realizadas por correo electrónico u otro medio de comunicación individual equivalente. Este requisito se entendería cumplido por ejemplo, si el prestador de servicios, después de informar al usuario sobre el uso al que destinará su dirección o número de teléfono, le ofrece la oportunidad de manifestar su conformidad con el envío de comunicaciones comerciales haciendo “clic” en una casilla dispuesta al efecto.

Este requisito no se cumple cuando, sin haber autorizado de forma expresa la recepción de comunicaciones comerciales, el destinatario tolera o no se opone a su envío, cuando no responde a los mensajes por los que se solicita su consentimiento y, por supuesto, cuando se ha opuesto a su recepción.

 

¿De qué forma se puede recabar el “consentimiento expreso” del destinatario para la recepción de comunicaciones comerciales por correo electrónico?

El consentimiento expreso del destinatario puede recabarse, en particular, de las siguientes maneras:

  • En el marco de un procedimiento de contratación o suscripción a algún servicio que tenga lugar vía web y en el que el destinatario deba facilitar su dirección de correo electrónico, incluyendo en las condiciones generales de contratación una cláusula sobre el consentimiento del destinatario a la recepción de comunicaciones comerciales y solicitando su aceptación junto con el contrato, o bien formulando una pregunta concreta al usuario sobre si acepta el envío de comunicaciones comerciales.

Ofreciendo a los usuarios la posibilidad de facilitar su dirección de correo electrónico para recibir información sobre los productos o servicios ofrecidos por la empresa mediante un mensaje y un formulario tipo incluido en su página de Internet.

4. CÓDIGOS DE CONDUCTA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
4. CÓDIGOS DE CONDUCTA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

4. CÓDIGOS DE CONDUCTA Y

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Códigos de conducta

La ley prevé que las Administraciones Públicas deberán fomentar la elaboración y aplicación de códigos de conducta e impulsar la participación en los mismos de todas las asociaciones y organizaciones interesadas.

Asimismo, establece que los códigos de conducta serán accesibles por vía telemática, debiendo informar los prestadores de servicios a los usuarios sobre los códigos a que se han adherido y la forma de consultarlos electrónicamente. La adhesión a un Código de conducta es voluntaria.

Medios de resolución de conflictos

La Ley potencia los instrumentos de resolución extrajudicial de conflictos por medios electrónicos, para que éstos puedan solucionarse de manera sencilla, cómoda y económica para las partes.

Los consumidores y usuarios podrán ejercer también una acción judicial de cesación para obtener el cese inmediato de toda conducta contraria a la Ley que lesione sus intereses. Esta acción podrá ejercerse ante la jurisdicción civil por un procedimiento ágil y rápido.

Los procedimientos existentes para la resolución judicial y extrajudicial de conflictos en relación con los servicios de la Sociedad de la Información y el comercio electrónico son los siguientes:

Procedimientos de resolución judicial de conflictos

Los usuarios tienen a su disposición todo el repertorio de acciones civiles y penales para reclamar el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por vía electrónica, la reparación debida por la producción de daños y perjuicios o que se restaure la legalidad ante la comisión de un hecho delictivo perpetrado con la ayuda de medios electrónicos.

La LSSI añade a éstas una nueva acción, la acción de cesación, dirigida a obtener el cese inmediato de toda conducta contraria a la Ley que lesione los intereses colectivos o difusos de los consumidores y usuarios o a prohibir su reiteración futura.

Esta acción podrá ser ejercida por las personas, asociaciones o grupos de consumidores y usuarios perjudicados, así como por el Ministerio Fiscal, el Instituto Nacional del Consumo y los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales con competencias en materia de defensa de los consumidores. Se reconoce igualmente capacidad a las entidades legitimadas en otros Estados miembros de la Unión Europea para ejercitar esta acción si la conducta lesiva tiene su origen en la actividad de un prestador de servicios español.

El procedimiento de tramitación de esta acción se regula en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos

Hay muchos tipos de procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos, desde los más simples, como la institución de un “defensor del cliente” o de un servicio de reclamaciones en la propia empresa, hasta los órganos creados por la propia industria para controlar el cumplimiento de normas deontológicas que se hayan comprometido a cumplir (normalmente incluidas en Códigos de conducta).

Por lo que respecta a los sistemas de arbitraje, además de poder acudir al arbitraje convencional, regulado en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, existe el Arbitraje de Consumo, regulado por el Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, dictado en desarrollo de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que resuelve con carácter vinculante conflictos entre empresas y consumidores, siempre que ambas partes se sometan voluntariamente al mismo. El sistema arbitral de consumo tiene la ventaja de que los conflictos se resuelven con rapidez (en menos de cuatro meses desde que son designados los árbitros) y de forma gratuita para las partes (salvo si las partes solicitan la práctica de determinadas pruebas).

El sistema arbitral de consumo español está integrado dentro de una red europea de órganos de resolución extrajudicial de conflictos con consumidores, que ha sido concebida para proporcionar un mecanismo rápido, cómodo y económico de resolución de disputas en las relaciones comerciales transfronterizas que se concierten por medios electrónicos.

En la página http://www.consumo-inc.es/arbitraje/arbitraje.htm, puede encontrarse información sobre ambos sistemas (nacional y comunitario) de resolución de conflictos.

Por otro lado, en lo relativo a conflictos surgidos entre consumidores españoles y empresas de otros estados miembros de la Unión Europea y los surgidos entre empresas españolas y consumidores de otros estados de la Unión, se encuentra información en la página web del Centro Europeo del Consumidor.

En la página de la Comisión Europea encontrará toda la información publicada por dicha institución comunitaria sobre la red europea de resolución extrajudicial de conflictos con consumidores.

Desde una perspectiva más amplia, algunas organizaciones internacionales han recopilado información sobre los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos por vía electrónica, los cuales pueden utilizarse para la resolución de los que surjan en transacciones entre personas residentes en distintos países. A este respecto, pueden consultarse en:

  • Global Business Dialogue on Electronic Commerce
  • Consumers International
  • Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
  • Cámara Internacional de Comercio, en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
5. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
5. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

5. RÉGIMEN DE INFRACCIONES

Y SANCIONES

 

Infracciones y sanciones

Las infracciones previstas por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LSSI se califican como leves, graves y muy graves, imponiéndose en cada caso las siguientes sanciones:

 

 Infracción  Sanción
 Muy Grave  Multa de 150.001 a 600.000 euros
 Grave  Multa de 30.001 a 150.000 euros
 Leve  Multa de hasta 30.000 euros

 

Inspección y procedimiento sancionador

La Ley otorga las funciones de supervisión y control de la misma al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el ámbito de la Administración General del Estado, y a los órganos que correspondan de las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales y competenciales. En esta función de control, los órganos citados podrán llevar a cabo las actuaciones inspectoras que sean precisas.

La imposición de sanciones por el incumplimiento de lo previsto en la LSSI corresponderá al órgano o autoridad que dictó la resolución incumplida o al que estén adscritos los inspectores.

Asimismo las infracciones respecto a los derechos y garantías de los consumidores y usuarios serán sancionadas por el órgano correspondiente de las Comunidades Autónomas competentes en materia de consumo.

En el ámbito de la Administración General del Estado, la potestad sancionadora corresponde al Ministro de industria, Turismo y Comercio en los términos previstos por el artículo 43 de la Ley.

No obstante, corresponde a la Agencia de Protección de Datos la imposición de sanciones por el incumplimiento de los artículos 21 y 22 de la Ley.

La potestad sancionadora se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en sus normas de desarrollo en la materia, especialmente el RD 1398/1993 que regula el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. No obstante, el plazo máximo de duración del procedimiento simplificado será de tres meses.

6. AVISOS LEGALES EN SU PÁGINA WEB
6. AVISOS LEGALES EN SU PÁGINA WEB

6. AVISOS LEGALES EN SU PÁGINA WEB

Condiciones de acceso y utilización de la WEB

En este apartado se incluye información sobre las condiciones de acceso y utilización de este sitio Web que deben ser conocidas por el usuario. Información necesaria  a los efectos previstos en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

  • Titular: ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L.
  • C.I.F.: B 83993881
  • Domicilio social: Paseo de la Habana, 109, 2ºA, Bloque 2, 28036 Madrid
  • Email: rrg@rrg-atf.com

 

Aceptación de las Condiciones Generales

Las Condiciones generales que a continuación se reseñan, regulan la utilización de la Web de ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L.

La utilización de la Web de ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. atribuye la condición de usuario de la misma y conlleva la aceptación plena y sin reservas de ningún tipo, por parte del usuario, de todas las Condiciones Generales que estén publicadas al tiempo de acceder el usuario.

Por ello se recomienda al usuario que lea atentamente el contenido de las Condiciones Generales cada vez que se disponga a utilizar la página Web.

Política de Cookies

 

Una cookie es un fichero que se descargará en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que se utilice su equipo, pueden servir para reconocerlo.

 

No obstante, estos medios sólo obtienen información relacionada con el número de páginas visitadas, la ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la que se accede, el número de nuevos usuarios, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, en navegador o el operador o tipo de terminar desde el que se accede a la web.

 

Estas cookies se asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador y no proporcionan referencias que permitan deducir el nombre y apellidos del usuario ni acceder a otro tipo de datos almacenados en el dispositivo.

 

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Deshabilitar cookies de terceros

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Google Chrome: Cómo administrar cookies y datos de sitios

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 Denegación y retirada del acceso a la Web y/o a los servicios

ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L., se reserva el derecho a denegar o a retirar el acceso a su página Web, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, a aquellos usuarios que incumplan estas Condiciones Generales o las particulares que resulten de aplicación.

 

Legislación aplicable

Las presentes condiciones Generales se rigen por la legislación española.

Información legal a la recogida de datos

El Usuario garantiza la autenticidad y veracidad de todos aquellos datos que comunique tanto en la cumplimentación de los formularios de contacto, como en cualquier otro momento posterior, siendo de su responsabilidad el actualizar la información suministrada, de tal forma que refleje su situación real. El usuario será responsable de la inexactitud o falta de veracidad de la información aportada.

El usuario mediante la cumplimentación de los distintos formularios de recogida de datos de esta Web, otorga su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales por ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. y su incorporación en un fichero debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos. (www.agpd.es) del que es responsable la citada empresa, con la finalidad de  facilitar una mayor información de la empresa, informar sobre productos, informar sobre servicios ofrecidos.

ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias, para proteger los Datos de Carácter Personal que recoge y son objeto de tratamiento automatizado.

ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. se compromete, en todo caso, al tratamiento de los datos personales de acuerdo con la Ley y normativa vigente en materia de protección de datos, así como a establecer los pertinentes compromisos de confidencialidad con terceros a los que ceda o permita el acceso a estos datos personales.

El usuario queda informado, de acuerdo con el artículo 5 de la ley 15/1999, de la posibilidad de ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición enviando una carta firmada junto con fotocopia del DNI del titular de los datos,  dirigida a la empresa ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. con el encabezamiento PROTECCIÓN DE DATOS al domicilio: Paseo de la Habana, 109, 2ºA, Bloque 2, 28036 Madrid

 

 

Procedimiento de Registro de Usuario

La solicitud de registro como usuario  y la asignación de su password o contraseña para nuestra área de usuarios no implican la asignación automática de una clave de acceso, ya que será siempre potestativa por parte de ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. Nos reservamos el derecho de dar de baja su clave sin previo aviso, así como eliminar su solicitud y registro de nuestro fichero en cualquier momento.

Le recordamos que las condiciones de uso de su clave de acceso como usuario  serán las siguientes:

  • El nombre de usuario o dirección de correo electrónico y la contraseña asignados al usuario registrado tienen carácter personal e intransferible.
  • El usuario se obliga a custodiar diligentemente y a mantener en secreto el nombre de usuario y la contraseña.
  • Será responsabilidad del usuario registrado prestar la diligencia debida para impedir el acceso y/o utilización de los servicios a su disposición por parte de terceros que accedan o utilicen en su nombre los códigos o claves identificativas.
  • El usuario registrado será el único responsable de la elección, pérdida, sustracción o utilización no autorizada de cualquier código o clave identificativa y de las consecuencias que de ello se puedan derivar.
  • El usuario registrado deberá comunicar a ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. a la mayor brevedad, la pérdida, sustracción o utilización no autorizada del nombre de usuario y de la contraseña que le identifican. Esta comunicación se realizará por escrito a la dirección de nuestro domicilio o bien por correo electrónico a nuestra dirección.
  • La comunicación anterior también será exigible cuando el usuario tenga una simple sospecha de tales hechos, ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. procederá en tal caso a dar de baja al usuario registrado, sin perjuicio de que éste pueda iniciar nuevamente el procedimiento de registro.
  • El usuario registrado podrá en todo momento darse de baja de forma inmediata como usuario, sin que dicha decisión pueda tener carácter retroactivo, comunicándolo por escrito a nuestro domicilio social o por correo electrónico debiendo identificarse como usuario registrado con su clave de acceso.

El registro del usuario  implicará su aceptación expresa y sin reservas de todas las condiciones establecidas en el Aviso Legal de ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L.

El nombre de usuario será una dirección de correo electrónico válida o nombre de usuario valido y de titularidad exclusiva del usuario. La dirección de correo electrónico aportada podrá ser utilizada por ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L.para la emisión de comunicaciones.

Las peticiones recibidas por el usuario serán valoradas y contrastada su autenticidad por el personal de ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L.. Las peticiones aceptadas serán contestadas mediante la remisión de un correo electrónico a su dirección de correo electrónico suministrada junto con las condiciones de uso, su clave de usuario y su contraseña.

Su petición recibida significa la aceptación expresa de las condiciones establecidas por la entidad.

Obligación de hacer uso correcto de la página web y de los contenidos

Todos los contenidos que se incluyen en este sitio Web se facilitan a efectos exclusivamente informativos, de modo que en ningún caso pueden servir de base para recursos o reclamaciones ni constituir fuente de derechos. ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso, los contenidos del sitio Web.

El Usuario se compromete a la correcta utilización de la Web y utilidades que se le proporcionen conforme a la ley, el presente documento legal, y las instrucciones y avisos que se le comuniquen.

El Usuario se obliga al uso exclusivo de la Web, y todos sus contenidos, para fines lícitos y no prohibidos, que no infrinjan la legalidad vigente y/o puedan resultar lesivos de los derechos legítimos de ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. o de cualquier tercero, y/o que puedan causar cualquier daño o perjuicio de forma directa o indirecta.

A tal efecto, el usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los contenidos de la página Web con fines o efectos ilícitos, prohibidos en el presente Documento Legal, lesivos de los derechos e intereses de terceros o que, de cualquier forma, puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de la Web.

En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material que:

  • de cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en los Tratados internacionales y en el resto de la legislación;
  • induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, infamantes, violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público;
  • induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición;
  • incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes y/o servicios delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público;
  • sea falso, ambiguo, inexacto, exagerado o extemporáneo, de forma que induzca o pueda inducir a error sobre su objeto o sobre las intenciones o propósitos del comunicante;
  • se encuentre protegido por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial pertenecientes a terceros, sin que el Usuario haya obtenido previamente de sus titulares la autorización necesaria para llevar a cabo el uso que efectúa o pretende efectuar;
  • viole los secretos empresariales de terceros;
  • sea contrario al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas;
  • de cualquier manera menoscabe el crédito de ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L.
  • infrinja la normativa sobre secreto de las comunicaciones;
  • constituya, en su caso, publicidad ilícita, engañosa o desleal y, en general, que competencia desleal;
  • incorpore virus u otros elementos físicos o electrónicos que puedan dañar o impedir el normal funcionamiento de la red, del sistema o de equipos informáticos (hardware y software) de ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. o de terceros o que puedan dañar los documentos electrónicos y archivos almacenados en dichos equipos informáticos;
  • provoque por sus características (tales como formato, extensión, etc.) dificultades en el normal funcionamiento del Servicio;

EL USUARIO, SE COMPROMETE A ABSTENERSE DE:

  • reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido;
  • suprimir, manipular o de cualquier forma alterar el “copyright” y demás datos identificativos de la reserva de derechos de ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L.
  • intentar obtener los Contenidos empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o se hayan indicado a este efecto en la página Web donde se encuentren los Contenidos o, en general, de los que se empleen habitualmente en Internet a este efecto siempre que no entrañen un riesgo de daño o inutilización del sitio Web, de los Servicios y/o de los Contenidos.

El usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. pueda sufrir, directa o indirectamente, como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de las condiciones generales o de la ley en relación con la utilización de la Web.

Propiedad intelectual

Todos los contenidos de http://rrg-atf.com/ son propiedad intelectual de la empresa y están protegidos en función de la legislación sobre Propiedad Intelectual nacional e internacional vigente.

Queda absolutamente prohibido el uso del contenido de nuestra página Web sin la autorización por escrito por parte ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L.

Queda prohibido establecer esta página como marco de otras, no obstante sí que se podrá establecer un enlace a nuestra dirección de Internet (dirección url de la página Web) siempre y cuando no se relacionen con manifestaciones falsas, inexactas, incorrectas, que puedan inducir a error o confusión o que sean contrarias a la ley, la moral o las buenas costumbres.

El usuario podrá descargarse la página Web en su terminal siempre que sea para uso privado, sin ningún fin comercial, por lo que no podrá explotar, reproducir, distribuir, modificar, comunicar públicamente, ceder, transformar o usar el contenido de la Web con fines públicos o comerciales.

La infracción de cualquiera de los citados derechos puede constituir una vulneración de las presentes disposiciones, así como un delito castigado de acuerdo con los artículos 270 y siguientes del Código Penal.

Derechos de autor

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Duración del servicio

ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del Sitio Web. Cuando ello sea razonablemente posible, ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. advertirá previamente de las interrupciones en el funcionamiento del sitio Web; ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. tampoco garantiza la utilidad del Sitio Web para la realización de ninguna actividad en concreto, ni su infalibilidad.

El acceso a la Web de ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. tiene una duración indefinida; no obstante, ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. se reserva el derecho de suspender sin previo aviso el acceso a los usuarios que, a su juicio, incumplan las normas de utilización de su página Web y ejercer las medidas legales oportunas. Además ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. se reserva el derecho de restringir el acceso a algunas secciones de la Web al público en general, limitándolo únicamente a usuarios o grupo de usuarios concretos a través de la entrega de una password de acceso de la cual serán responsables.

Exclusión de responsabilidad

ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. realiza los máximos esfuerzos para evitar cualquier error en los contenidos de la página Web, pero no garantiza ni se responsabiliza de posibles errores en los contenidos de la Web.

ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de cualquier naturaleza eventualmente derivados de:

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  • La privacidad y seguridad en la utilización de la página Web por parte del Usuario, y/o el acceso no consentido de terceros no autorizados.
  • La eventual transmisión de elementos que afecten negativamente a los sistemas informáticos.
  • La exactitud, exhaustividad y actualización puntual de los contenidos de su página Web.

En consecuencia, ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. no garantiza la fiabilidad, la disponibilidad ni la continuidad de su sitio Web ni de los contenidos, por lo que la utilización de los mismos por parte del usuario se lleva a cabo por su propia cuenta y riesgo, sin que, en ningún momento, puedan exigirse responsabilidades a ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. en  este sentido.

ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. no será responsable en caso de que existan interrupciones del servicio, demoras, errores, mal funcionamiento del mismo y, en general, demás inconvenientes que tengan su origen en causas que escapan del control de ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. y/o debida a una actuación dolosa o culposa del Usuario y/o tenga por origen causas de fuerza mayor. En cualquier caso, sea cual fuere su causa, ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. no asumirá responsabilidad alguna ya sea por daños directos o indirectos, daño emergente y/o por lucro cesante. ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. tendrá derecho, sin que exista indemnización alguna al usuario por estos conceptos, a suspender temporalmente los servicios y contenidos del sitio Web para efectuar operaciones de mantenimiento, mejora o reparación de los mismos.

ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición o recibidos, obtenidos o a los que se haya accedido a través de la Web; Ni tampoco por los contenidos prestados por terceras personas o entidades.

ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. tratará en la medida de lo posible de actualizar y rectificar aquella información alojada en su Web que no cumpla con las mínimas garantías de veracidad. No obstante quedará exonerada de responsabilidad por su no actualización o rectificación así como por los contenidos e informaciones vertidos en la misma.

ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. no se hace responsable por la utilización que el usuario realice de los servicios y productos del sitio Web ni de sus contraseñas, así como de cualquier otro material del sitio Web, infringiendo los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho de terceros

ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. se reserva el derecho de eliminación de aquellos contenidos que resulten inveraces, inexactos y contrarios a la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres.

Legislación y fuero

La prestación del servicio se rige por la legislación española, siendo competentes los Tribunales de Madrid, a los que el Usuario se somete expresamente.

7. CLÁUSULAS Y CONTRATOS
7. CLÁUSULAS Y CONTRATOS

7. CLÁUSULAS Y CONTRATOS

Cláusulas

Cláusula de envío de correspondencia

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se le informa de los siguientes extremos:

Los datos de carácter personal que sean recabados de Ud. son incorporados a un fichero, cuyo responsable es ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. La recogida de datos tiene como finalidad informarle de nuestros servicios.

En todo caso, tiene Ud. derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, determinados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

  • A efectos de ejercitar los derechos mencionados, puede Ud. dirigirse por escrito al Responsable del Fichero, en la siguiente dirección: Paseo de la Habana, 109, 2ºA, Bloque 2, 28036 Madrid

 

Cláusula Web

ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. cumple con la normativa legal de Protección de Datos, Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre y normativa que la desarrolla,  por ello les informa de los siguientes extremos:

  • Los campos señalados con * son obligatorios, en el caso de que no se cumplimenten, no será posible tramitar su consulta.

 

  • Le informamos que sus datos personales van a ser incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal, con la finalidad de tramitar consultas sobre nuestros productos, servicios y actividades.

 

  • El responsable del fichero es ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L., y conforme la LOPD y normativa de desarrollo se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal,  y de su deber de guardarlos, adoptando las medidas necesarias adecuadas para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
  • El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales, mediante escrito dirigido a ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L., Paseo de la Habana, 109, 2ºA, Bloque 2, 28036 Madrid
  • El escrito debe contener los siguientes datos: Nombre y apellidos del titular de los datos, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del D.N.I. y petición en que se concreta la solicitud.

 

  • El Titular de los datos presta su consentimiento para que ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L.. pueda dirigirle comunicaciones comerciales referidas a productos o servicios, relacionados con la actividad y servicios de la empresa, bien por correo electrónico, por correo postal o por cualquier otro medio,  pudiendo solicitar en cualquier momento el cese en el envío de dichas comunicaciones.
  • En caso de Vd. que no preste su consentimiento para el envío de correspondencia comercial háganoslo saber escribiéndonos a Paseo de la Habana, 109, 2ºA, Bloque 2, 28036 Madrid
  • y poniendo en el asunto del e-mail NO DESEO RECIBIR INFORMACIÓN COMERCIAL.
8. GLOSARIO DE TÉRMINOS
8. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8. GLOSARIO DE TÉRMINOS

  • Afectado o interesado: Persona física titular de los datos que sean objeto del tratamiento.

 

  • Bloqueo de datos: La identificación y reserva de los datos de carácter personal con el fin de impedir su tratamiento.

 

  • Comunicación o cesión de datos: Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado.

 

  • Consentimiento del interesado: Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen.

 

  • Dato disociado: Aquél que no permite la identificación de un afectado o interesado.

 

  • Datos de carácter personal: Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables.

 

  • Declarante: Persona física que cumplimenta la solicitud de inscripción y actúa como mediador entre la Agencia y el titular/responsable del fichero. No debe necesariamente coincidir con el titular/responsable.

 

  • Destinatario o cesionario: La persona física o jurídica, pública o privada u órgano administrativo, al que se revelen los datos.

 

  • Encargado del tratamiento: La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, solo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.

 

  • Exportador de datos personales: La persona física o jurídica, pública o privada, u órgano administrativo situado en territorio español y responsable del tratamiento de los datos de carácter personal que son objeto de transferencia internacional a un país tercero.

 

  • Fichero: Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.

 

  • Fuentes accesibles al público: Aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa, o sin más exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación. Tienen la consideración de fuentes de acceso público, exclusivamente, el censo promocional, los repertorios telefónicos en los términos previstos por su normativa específica y las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e indicación de su pertenencia al grupo. Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso público, los Diarios y Boletines oficiales y los medios de comunicación.

 

  • Identificación del afectado: Cualquier elemento que permita determinar directa o indirectamente la identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social de la persona afectada.

 

  • Importador de datos personales: La persona física o jurídica, pública o privada, u órgano administrativo receptor de los datos en caso de transferencia internacional de los mismos a un tercer país, ya sea responsable del tratamiento, encargada del tratamiento o tercero.

 

  • Persona identificable: Toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante cualquier información referida a su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. Una persona física no se considerará identificable si dicha identificación requiere plazos o actividades desproporcionados.

 

  • Procedimiento de disociación: Todo tratamiento de datos personales de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona identificada o identificable.
    Responsable del fichero o tratamiento: Persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.

 

  • Transferencia de datos: El transporte de los datos entre sistemas informáticos por cualquier medio de transmisión, así como el transporte de soportes de datos por correo o por cualquier otro medio convencional.

 

  • Transferencia internacional de datos: Tratamiento de datos que supone una transmisión de los mismos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo, bien constituya una cesión o comunicación de datos, bien tenga por objeto la realización de un tratamiento de datos por cuenta del responsable del fichero establecido en territorio español.
  • Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias
9. LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO
9. LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO

9. LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO

LEY 34/2002, DE 11 DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO.

 

TÍTULO II

Prestación de servicios de la sociedad de la información

 

CAPÍTULO II

Obligaciones de régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información

 

Artículo 9. Constancia registral del nombre de dominio.

 

  1. Deberán comunicar al Registro Mercantil en el que se encuentren inscritos.

 

  1. Las anotaciones practicadas en los Registros Mercantiles se comunicarán inmediatamente al Registro Mercantil Central.

 

  1. 1 Deberán cumplirse en el plazo de un mes desde la obtención, sustitución o cancelación del correspondiente nombre de dominio o dirección de Internet.

 

Artículo 10. Información general.

 

  1. Obligado a disponer de los medios que permitan, tanto a los destinatarios del servicio como a los órganos competentes, acceder por medios electrónicos, de forma permanente, fácil, directa y gratuita, a la siguiente información:

 

  1. Su nombre o denominación social; su dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que permita establecer con él una comunicación directa y efectiva.

 

  1. Datos de su inscripción en el Registro a que se refiere el artículo 9.

 

  1. Actividad estuviese sujeta régimen de autorización administrativa previa, los datos relativos a dicha autorización.

 

  1. El número de identificación fiscal que le corresponda.

 

  1. Información clara y exacta sobre el precio del producto o servicio, indicando si incluye o no los impuestos aplicables y, en su caso, sobre los gastos de envío.

 

  1. Códigos de conducta a los esté adherido y la manera de consultarlos electrónicamente.

 

  1. La obligación de facilitar esta información se dará por cumplida si el prestador la incluye en su página o sitio de Internet en las condiciones señaladas en el apartado 1.

 

Artículo 11. Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación.

 

  1. Un órgano competente por razón de la materia hubiera ordenado, en ejercicio de las funciones que legalmente tenga atribuidas, que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que suspendan la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones.

 

  1. Se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información, cuando éstos pudieran resultar afectados.

 

Artículo 12. Deber de retención de datos de tráfico relativos a las comunicaciones electrónicas.

 

  1. De datos deberán retener los datos de conexión y tráfico generados por las comunicaciones establecidas durante la prestación de un servicio de la sociedad de la información por un período máximo de doce meses, en los términos establecidos en este artículo.

 

  1. Serán únicamente los necesarios para facilitar la localización del equipo Terminal empleado por el usuario para la transmisión de la información.

Los prestadores de servicios de alojamiento de datos deberán retener sólo aquellos imprescindibles para identificar el origen de los datos alojados y el momento en que se inició la prestación del servicio.

No podrán utilizar los datos retenidos para fines distintos de los indicados en el apartado siguiente u otros que estén permitidos por la Ley, y deberán adoptar medidas de seguridad apropiadas para evitar su pérdida o alteración y el acceso no autorizado a los mismos.

 

  1. Los datos se conservarán para su utilización en el marco de una investigación criminal o para la salvaguardia de la seguridad pública y la defensa nacional, estos datos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se hará con sujeción a lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales.

 

Artículo 14. Responsabilidad de los operadores de redes y proveedores de acceso.

 

  1. Los operadores de redes de telecomunicaciones y proveedores de acceso a una red de telecomunicaciones no serán responsables por la información transmitida, salvo que ellos mismos hayan originado la transmisión, modificado los datos o seleccionado éstos o a los destinatarios de dichos datos.

 

No se entenderá por modificación la manipulación estrictamente técnica de los archivos que alberguen los datos, que tiene lugar durante su transmisión.

 

Artículo 15. Responsabilidad de los prestadores de servicios que realizan copia temporal de los datos solicitados por los usuarios.

 

Los prestadores de un servicio de intermediación que transmitan por una red de telecomunicaciones datos facilitados por un destinatario del servicio y, con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior a otros destinatarios que los soliciten, no serán responsables por:

 

  1. a) No modifican la información.

 

  1. b) Permiten el acceso a ella sólo a los destinatarios que cumplan las condiciones impuestas a tal fin, por el destinatario cuya información se solicita.

 

  1. c) Respetan las normas generalmente aceptadas y aplicadas por el sector para la actualización de la información.

 

  1. e) Retiran la información que hayan almacenado o hacen imposible el acceso a ella.

 

1.º   Que ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente.

2.º   Que se ha imposibilitado el acceso a ella, o

3.º   Que un tribunal u órgano administrativo competente ha ordenado retirarla.

 

Artículo 16. Responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos.

 

  1. No serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que:

 

  1. a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o

 

  1. b) Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.

 

Artículo 17. Responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten enlaces o contenidos o instrumentos de búsqueda.

 

  1. De contenidos no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios, siempre que:

 

  1. a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona.

 

CAPÍTULO III

Códigos de conducta

 

Artículos 18. Códigos de conducta.

 

  1. Los códigos de conducta podrán tratar, en particular, la protección de los destinatarios frente al envío por vía electrónica de comunicaciones comerciales no solicitadas, así como sobre los procedimientos extrajudiciales.

 

  1. Dichos códigos, habrá de garantizarse la participación de las asociaciones de consumidores.

 

 TÍTULO III

Comunicaciones comerciales por vía electrónica

 

Artículo 19. Régimen jurídico.

 

  1. Las comunicaciones comerciales y las ofertas promocionales se regirán, además de por la presente Ley, por su normativa propia y la vigente en materia comercial y de publicidad.

 

  1. En todo caso, será de aplicación la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, a la obtención de datos personales, la información a los interesados y la creación y mantenimiento de ficheros de datos personales.

 

Artículo 20. Información exigida sobre las comunicaciones comerciales, ofertas promocionales y concursos.

 

  1. Las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deberán ser claramente identificables como tales y deberán indicar la persona física o jurídica en nombre de la cual se realizan.

En el caso en el que tengan lugar a través de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente incluirán al comienzo del mensaje la palabra “publicidad”.

 

  1. En los supuestos de ofertas promocionales, como las que incluyan descuentos, premios y regalos, y de concursos o juegos promocionales, previa la correspondiente autorización, claramente identificados como tales y que las condiciones de acceso y, en su caso, de participación.

 

Artículo 21. Prohibición de comunicaciones comerciales no solicitadas realizadas a través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.

 

Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.

 

Artículo 22. Derechos de los destinatarios de comunicaciones comerciales.

 

  1. Si el destinatario de servicios debiera facilitar su dirección de correo electrónico durante el proceso de contratación o deberá poner en conocimiento de su cliente esa intención y solicitar su consentimiento para la recepción de dichas comunicaciones, antes de finalizar el procedimiento de contratación.

 

  1. El destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de con la simple notificación de su voluntad al remitente.

 

Los prestadores de servicios deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los destinatarios de servicios puedan revocar el consentimiento que hubieran prestado.

 

Asimismo, deberán facilitar información accesible por medios electrónicos sobre dichos procedimientos.

 

TÍTULO IV

Contratación por vía electrónica

 

Artículo 23. Validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica.

 

  1. Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos se regirán por los Códigos Civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o mercantiles sobre contratos, en especial, las normas de protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de la actividad comercial.

 

  1. Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con el mismo conste por escrito, satisfecho se contiene en un soporte electrónico.

 

  1. No será de aplicación lo dispuesto en el presente Título a los contratos relativos al Derecho de familia y sucesiones.

 

Los contratos, negocios o actos jurídicos forma documental pública, la intervención de órganos jurisdiccionales, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles o autoridades públicas, se regirán por su legislación específica.

 

Artículo 24. Prueba de los contratos celebrados por vía electrónica.

 

  1. La prueba de la celebración de un contrato por vía electrónica y la de las obligaciones que tiene su a lo establecido en la legislación sobre firma electrónica.

 

  1. El soporte electrónico en que conste un contrato celebrado por vía electrónica será admisible en juicio como prueba documental.

 

Artículo 25. Intervención de terceros de confianza.

 

  1. El tercero deberá archivar en soporte informático las declaraciones que hubieran tenido lugar por vía telemática entre las partes por el tiempo estipulado en ningún caso, será inferior a cinco años.

 

Artículo 27. Obligaciones previas al inicio del procedimiento de contratación.

 

Tendrá la obligación de informar al destinatario de manera clara, comprensible e inequívoca, y antes de iniciar el procedimiento de contratación, sobre los siguientes extremos:

 

  1. a) Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato.

 

  1. b) Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el contrato y si éste va a ser accesible.

 

  1. Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en la introducción de los datos, y

 

  1. La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.

 

2.

  1. a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración de consumidor, o
  2. b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente, cuando estos, las ofertas o propuestas de contratación realizadas por vía electrónica serán válidas durante el período que fije el oferente o, en su defecto, durante todo el tiempo que permanezcan accesibles a los destinatarios del servicio.

 

4 Condiciones generales a que, en su caso, deba sujetarse el contrato, de manera que éstas puedan ser almacenadas y reproducidas por el destinatario.

 

Artículo 28. Información posterior a la celebración del contrato.

 

  1. El oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación:

 

  1. a) El envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la aceptación, o

 

  1. b) La confirmación, por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de contratación, de la aceptación recibida, tan pronto como el aceptante haya completado dicho procedimiento, siempre que la confirmación pueda ser archivada por su destinatario.

 

  1. Se entenderá que se ha recibido la aceptación y su confirmación cuando las partes a las que se dirijan puedan tener constancia de ello.

Aquél haya sido almacenado en el servidor en que esté dada de alta su cuenta de correo electrónico, o en el dispositivo utilizado para la recepción de comunicaciones.

 

  1. No será necesario confirmar la recepción de la aceptación de una oferta cuando:

 

  1. a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración de consumidor, o

 

  1. b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electrónico u otro tipo de eludir el cumplimiento de tal obligación.

 

Artículo 29. Lugar de celebración del contrato.

 

Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un consumidor se presumirán el lugar en que éste tenga su residencia habitual.

 

Los contratos electrónicos entre empresarios o profesionales, en defecto de pacto entre las partes, se presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador de servicios.

 

TÍTULO V

Solución judicial y extrajudicial de conflictos

 

CAPÍTULO I

Acción de cesación

 

Artículo 30. Acción de cesación.

 

  1. Que lesionen intereses colectivos o difusos de los consumidores podrá interponerse acción de cesación.

 

Artículo 31. Legitimación activa.

 

Están legitimados para interponer la acción de cesación:

 

  1. a) Las personas físicas o jurídicas titulares de un derecho o interés legítimo.

 

  1. b) Los grupos de consumidores Enjuiciamiento Civil.

 

  1. c) Las asociaciones de consumidores y usuarios, Consumidores y Usuarios, o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores.

 

  1. El Ministerio Fiscal.

 

  1. El Instituto Nacional del Consumo y los órganos.

 

CAPÍTULO II

Solución extrajudicial de conflictos

 

Artículo 32. Solución extrajudicial de conflictos.

 

  1. Los arbitrajes previstos en la legislación de arbitraje y de defensa de los consumidores y usuarios, y a los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos que se instauren por medio de códigos de conducta.

 

  1. De conflictos a que hace referencia el apartado anterior, podrá hacerse uso de medios electrónicos.

 

TÍTULO VI

Información y control

 

Artículo 33. Información a los destinatarios y prestadores de servicios.

 

Los destinatarios y prestadores de servicios de la sociedad de la información podrán dirigirse a los Ministerios de Ciencia y Tecnología, de Justicia, de Economía y de Sanidad y Consumo, y a los órganos que determinen las respectivas Comunidades Autónomas, para:

 

La comunicación con dichos órganos podrá hacerse por medios electrónicos.

 

Artículo 35. Supervisión y control.

 

  1. El Ministerio de Ciencia y Tecnología controlará el cumplimiento por los prestadores de servicios.

 

  1. El Ministerio de Ciencia y Tecnología podrá realizar las actuaciones inspectoras que sean precisas para el ejercicio de su función de control.

 

Artículo 36. Deber de colaboración.

 

  1. Tienen la obligación de facilitar al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a los demás órganos a que se refiere el artículo anterior toda la información y colaboración precisas para el ejercicio de sus funciones.

 

Igualmente, deberán permitir a sus agentes o al personal inspector el acceso a sus instalaciones y la consulta de cualquier documentación relevante para la actividad de control de que se trate, siendo la aplicación.

 

TÍTULO VII

Infracciones y sanciones

 

Artículo 38. Infracciones.

 

  1. Como muy graves, graves y leves.

 

  1. Son infracciones muy graves:

 

  1. a) El incumplimiento de las órdenes dictadas en virtud del artículo 8 en aquellos supuestos en que hayan sido dictadas por un órgano administrativo.

 

  1. b) El incumplimiento de la obligación de suspender la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a la red o la prestación de cualquier otro servicio equivalente.

 

  1. c) El incumplimiento de la obligación de retener los datos de tráfico generados por las comunicaciones establecidas durante la prestación de un servicio de la sociedad.

 

  1. d) La utilización de los datos retenidos, en cumplimiento del artículo 12, para fines distintos de los señalados en él.

 

 

 

  1. Son infracciones graves:

 

  1. a) El incumplimiento de lo establecido en los párrafos a) y f) del artículo 10.1

 

  1. b) El envío masivo de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente a destinatarios que no hayan autorizado o solicitado expresamente su remisión, o el envío en el plazo de un año, de más de tres comunicaciones comerciales por los medios aludidos a un mismo destinatario, cuando éste no hubiera solicitado o autorizado su remisión.

 

  1. c) No poner a disposición del destinatario del servicio las condiciones generales a que, en su caso, se sujete el contrato, en la forma prevista en el artículo 27.
  2. d) El incumplimiento confirmar la recepción de una aceptación, cuando no se haya pactado su exclusión o el contrato se haya celebrado con un consumidor.

 

  1. La resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora de los órganos facultados para llevarla a cabo con arreglo a esta Ley.

 

  1. Son infracciones leves:

 

  1. a) La falta de comunicación al registro público que estén inscritos, del nombre o nombres de dominio o direcciones de Internet que empleen para la prestación de servicios de la sociedad de la información.

 

  1. b) No informar en la forma prescrita por el artículo 10.1 sobre los aspectos señalados en los párrafos b), c), d), e) y g) del mismo.

 

  1. c) El incumplimiento de lo previsto en el artículo 20 para las comunicaciones comerciales, promocionales y concursos.

 

  1. d) El envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación no constituya infracción grave.

 

  1. e) No facilitar la información a que se refiere el artículo 27.1, cuando las partes no hayan pactado su exclusión o el destinatario sea un consumidor.

 

Artículo 39. Sanciones.

 

  1. a) Por la comisión de infracciones muy graves, multa de 150.001 hasta 600.000 euros.

 

  1. b) Por la comisión de infracciones graves, multa de 30.001 hasta 150.000 euros.

 

  1. c) Por la comisión de infracciones leves, multa de hasta 30.000 euros.

 

Artículo 40. Graduación de la cuantía de las sanciones.

 

La cuantía de las multas que se impongan se graduará:

 

  1. a) La existencia de intencionalidad.

 

  1. b) Plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.

 

  1. c) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza, cuando así haya sido por resolución firme.

 

  1. d) La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados.

 

  1. e) Los beneficios obtenidos por la infracción.

 

  1. f) Volumen de facturación a que afecte la infracción cometida.

 

 

Artículo 41. Medidas de carácter provisional.

 

  1. a) Suspensión temporal de la actividad del prestador de servicios y, en su caso, cierre provisional de sus establecimientos.

 

  1. b) Precinto, depósito o incautación de registros, soportes y archivos informáticos y de documentos en general, así como de aparatos y equipos informáticos de todo tipo.

 

  1. c) Advertir al público de la existencia de posibles conductas infractoras y de la incoación del expediente sancionador.

 

  1. En casos de urgencia y para la inmediata protección de los intereses implicados, las medidas la iniciación del expediente sancionador. Las medidas deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá del recurso que proceda.

 

Artículo 42. Multa coercitiva.

 

El órgano administrativo competente para resolver el procedimiento sancionador podrá imponer multas coercitivas por importe que no exceda de 6.000 euros por cada día que transcurra sin cumplir las medidas provisionales que hubieran sido acordadas.

 

Artículo 43. Competencia sancionadora.

 

  1. Muy graves, al Ministro de Ciencia y Tecnología, infracciones graves y leves, al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

 

  1. De 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en sus normas de desarrollo.

 

Artículo 45. Prescripción.

 

Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

 

Disposición adicional tercera. Sistema Arbitral de Consumo.

 

El prestador y el destinatario de servicios de la sociedad de la información podrán someter sus conflictos al arbitraje de consumo, mediante la adhesión de aquéllos al Sistema Arbitral de Consumo.

La Junta Arbitral Nacional de Consumo y aquellas otras de ámbito territorial inferior, autorizadas para ello por el Instituto Nacional del Consumo, podrán:

 

Uno.

“El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato.

Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe. El contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta.

En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación.”

 

Dos.

“Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe. El contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta.

En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación.

 

Disposición transitoria única.

 

Los prestadores de servicios que, a la entrada en vigor de esta Ley, ya vinieran utilizando uno de dominio o direcciones de Internet o de publicidad, en el plazo de un año desde la entrada en vigor.

 

Disposición final primera.

 

  1. a) Que los ciudadanos puedan recibir conexión a la red telefónica pública fija y acceder a la prestación del servicio telefónico fijo disponible para el público. La conexión debe ofrecer al usuario la posibilidad de emitir y recibir llamadas nacionales e internacionales y permitir la transmisión de voz, fax y datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet.

   A estos efectos, se considerará que la velocidad suficiente a la que se refiere el párrafo anterior es la que se utiliza de manera generalizada para acceder a Internet por los abonados al servicio telefónico fijo disponible para el público con conexión a la red mediante pares de cobre y módem para la banda vocal.”

 

Disposición final novena.

 

Esta Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

 

ANEXO

Definiciones

 

  1. a) “Servicios de la sociedad de la información” o “servicios”: todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario.

 

El concepto de servicio de la sociedad de la información comprende también los servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida en constituyan una actividad económica para el prestador de servicios.

 

Son servicios de la sociedad de la información, entre otros y siempre que representen una actividad económica, los siguientes:

 

1.º          La contratación de bienes o servicios por vía electrónica.

 

2.º          La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados.

 

3.º          La gestión de compras en la red por grupos de personas.

 

4.º          El envío de comunicaciones comerciales.

 

5.º          El suministro de información por vía telemática.

 

6.º          El vídeo bajo demanda, como servicio en el usuario puede seleccionar a través de la red.

 

7.º          Los servicios prestados por medio de telefonía vocal, fax o télex.

 

8.º          El intercambio de información por medio de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente para fines ajenos a la actividad.

 

9.º          Los servicios de radiodifusión sonora, y

 

10.º        El teletexto televisivo y otros

 

  1. b) “Servicio de intermediación”: servicio de la sociedad de la información por el que se facilita la prestación o utilización de otros servicios o el acceso a la información.

 

  1. c) “Prestador de servicios” o “prestador”: persona física o jurídica que proporciona un servicio de la sociedad de la información.

 

  1. d) Persona física o jurídica que utiliza, sea o no por motivos profesionales, un servicio de la sociedad de la información.

 

  1. e) “Consumidor”: persona física o jurídica en los términos establecidos en el artículo 1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

 

  1. f) “Comunicación comercial”: toda forma de comunicación dirigida a la promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios.

 

  1. g) “Profesión regulada”: toda actividad profesional.

 

  1. h) “Contrato celebrado por vía electrónica” o “contrato electrónico”: todo contrato en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, conectados a una red de telecomunicaciones.

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